¿Qué es un alquiler de Renta Antigua? Soluciones para la ruptura de este tipo de arrendamiento

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Se utiliza dicha denominación, cuando el alquiler tiene un carácter indefinido a favor del inquilino. La expresión “arrendamientos de renta antigua” sirve comúnmente para denominar a aquellos contratos suscritos con anterioridad al 9 de mayo de 1.985, cuando entró en vigor el llamado “Decreto Boyer” que elimino la prórroga forzosa establecida en la ley a favor del inquilino.

Son contratos que continúan rigiéndose por las normas de la ley de Arrendamientos Urbanos de 1.964, aunque con algunas modificaciones contenidas en la disposición transitoria segunda de la ley de Arrendamientos Urbanos aprobada en 1.994(modificaciones especialmente referidas a la actualización de la renta y extinción e imposibilidad de subrogación).

Su particularidad reside en que incorporaban un derecho de prórroga forzosa de alcance muy superior al actual, que abarca a varias generaciones, mientras que sus rentas son fijadas al inicio del arrendamiento, y en consecuencia, en la actualidad son rentas de muy baja cuantía.

La norma obedecía a medidas extraordinariamente protectoras, dictadas para hacer frente a la gran necesidad de vivienda y escaso poder adquisitivo de la España de finales de los años 50.

Para poner fin a este tipo de alquiler el propietario podrá denegar esa prórroga forzosa por diversos motivos tasados:

  • Que el propietario requiera la vivienda por motivos de necesidad, entre otros por habitar en un piso muy pequeño y necesitar de más espacio, o porque necesita instalarse en el término municipal correspondiente a la ubicación de la casa por motivos laborales o familiares.
  • Que el inquilino no resida en el piso arrendado como mínimo más de seis meses al año, o también que proceda al subarrendamiento a un tercero sin previo aviso y autorización.
  • Cuando el arrendatario tenga en posesión otro inmueble en propiedad, y lo haya tenido desocupado y a su libre disposición durante los seis meses anteriores a la presentación de la demanda, el casero podrá tramitar la denegación de la prórroga forzosa.
  • También podrá solicitarse la impugnación de dicho régimen de alquiler, si el arrendatario incurre en alguno de estos casos: impago de la renta, daños intencionados o la ejecución de obras sin permiso del propietario.

Para la solución de este contencioso entre propietario e inquilino tan sólo existen dos vías: la negociación o la judicial. Lo mejor para ambas partes es la del acuerdo, que implica una indemnización, siempre y cuando el arrendatario no ponga ningún problema.

En el caso de la vía judicial, un pleito siempre es más largo y caro. Si no se llega a ningún acuerdo, el propietario de la vivienda puede recurrir a los tribunales y esperar que un juez dictamine sentencia y resuelva el litigio en cuestión.

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